Tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en EE.UU. Amenaza con una Crisis Constitucional
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su confrontación con los tribunales este martes, provocando una rara reprobación pública por parte del jefe conservador de la Suprema Corte de Justicia, John G. Roberts Jr., quien defendió la independencia judicial. Esta situación se desató tras una serie de ataques del mandatario contra un juez federal que bloqueó las deportaciones de inmigrantes venezolanos, lo que ha llevado a expertos legales a advertir que el país podría estar al borde de una crisis constitucional.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha adoptado una estrategia de confrontación continua con el poder judicial y legislativo, recurriendo a medidas legales agresivas para consolidar el poder ejecutivo. Esta dinámica ha involucrado desde la reducción de agencias federales hasta la implementación de políticas migratorias controvertidas, todo ello bajo la premisa de enfrentar amenazas extranjeras.
El último conflicto se originó el sábado, cuando el juez federal James Boasberg emitió una orden verbal para frenar la deportación de venezolanos mientras se revisaba la legalidad del proceso. Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que dicha orden no era válida ya que el vuelo de deportación ya había cruzado el espacio aéreo internacional. Esta situación avivó aún más las tensiones, especialmente después de que Trump atacó al juez en redes sociales, calificándolo de “lunático de izquierda radical” y sugiriendo su destitución.
Como respuesta, el presidente de la Suprema Corte, Roberts, intervino para aclarar que los desacuerdos con decisiones judiciales no deben resolver en la destitución de jueces, y que estos deben ser resueltos a través de tribunales de apelaciones.
El gobierno ha justificado su accionar con la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que supuestamente autoriza las deportaciones sin debido proceso cuando se perciben amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, expertos como Noah Feldman, profesor de leyes en Harvard, y Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, alertan sobre el peligro que representa el uso de esta ley sin fundamentos claros y la violación de las decisiones judiciales.
Este conflicto no es aislado. También se han registrado casos similares de deportaciones, como el reciente intento de deportar a un estudiante palestino de la Universidad de Columbia y a una ciudadana libanesa, a pesar de las órdenes judiciales que suspendieron dichas acciones.
Las disputas legales y las decisiones ejecutivas de Trump continúan desafiando a los tribunales federales, creando un escenario de creciente tensión política y jurídica. Expertos temen que estos enfrentamientos puedan escalar y desencadenar una crisis constitucional, donde el ejecutivo ignore las órdenes de los tribunales, desafiando los principios fundamentales del sistema de control y equilibrio de poderes en Estados Unidos.
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