Senado de Chile aprueba en general proyecto que permitiría cumplir penas fuera de prisión a condenados mayores de 75 años

El Senado de Chile aprobó en términos generales un proyecto de ley impulsado por legisladores de derecha que, de concretarse, permitiría que personas condenadas por delitos graves —incluidos crímenes de lesa humanidad o agresiones sexuales— puedan cumplir sus penas fuera de prisión si superan los 75 años de edad.

La iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra. Entre quienes apoyaron la propuesta se encuentra el senador Javier Macaya, cuyo padre, de 73 años, cumple una condena por cuatro casos de abuso sexual contra menores.

El proyecto busca regular la suspensión de condenas y establecer mecanismos alternativos de cumplimiento de penas para personas privadas de la libertad que tengan más de 75 años. Sin embargo, aún debe discutirse en lo particular dentro del Senado y posteriormente ser analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, una normativa de este tipo podría beneficiar a más de 300 personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, incluidos exmilitares y civiles vinculados a la dictadura de Augusto Pinochet.

Además, la legislación podría alcanzar a personas sentenciadas por delitos graves como homicidio, feminicidio, parricidio o violaciones contra niñas, niños y adolescentes.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó la aprobación del proyecto y señaló que las víctimas difícilmente pueden comprender una medida de este tipo.

“El proyecto permitiría no solo la salida de cientos de condenados por crímenes de lesa humanidad, sino también que personas mayores de 70 años que cometieron delitos graves puedan cumplir sus penas en arresto domiciliario”, afirmó.

El funcionario agregó que la iniciativa presenta deficiencias técnicas y advirtió que el número potencial de beneficiarios podría llegar a unas 12 mil personas.

La propuesta generó fuerte rechazo entre organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos durante la dictadura, quienes manifestaron preocupación ante la posibilidad de que responsables de estos crímenes abandonen la prisión.