Senado aprueba reformas para reforzar lucha contra lavado de dinero; oposición advierte riesgos de vigilancia excesiva

El Senado de la República aprobó esta semana modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales contra el lavado de dinero. La iniciativa fue avalada con 74 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados, frente a 13 en contra y 19 abstenciones por parte de legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

El dictamen ahora será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación correspondiente.

Durante la discusión en el pleno, se incorporaron cambios de última hora que eliminaron referencias al financiamiento del terrorismo, por considerarse ya tipificado en el Código Penal y cubierto por tratados internacionales suscritos por México. La reserva fue presentada por la senadora morenista Lucía Trasviña, quien argumentó que mantener dicho término podría generar contradicciones legales y afectar la aplicación efectiva de la norma.

Uno de los momentos álgidos del debate se dio cuando el senador panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la efectividad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras recientes señalamientos de lavado de dinero a instituciones financieras mexicanas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En respuesta, legisladores de Morena, como Guadalupe Chavira, aseguraron que ya existen investigaciones en curso.

A pesar del consenso general sobre la necesidad de combatir las operaciones financieras ilícitas, miembros de la oposición expresaron preocupaciones respecto al alcance de la reforma. Legisladores como Guadalupe Murguía y Claudia Anaya alertaron sobre posibles excesos en la vigilancia, especialmente en torno a la definición ambigua de "Personas Políticamente Expuestas", la cual podría generar sospechas injustificadas hacia personas relacionadas con figuras públicas.

Anaya también advirtió que esta reforma podría interpretarse como un avance en la militarización del país, ya que otorga un papel más activo a la Guardia Nacional en labores de detección de operaciones sospechosas. No obstante, Morena rechazó estas críticas, calificándolas de infundadas.

El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y promotor de la reforma, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo, y no penal. Recalcó que el objetivo es proteger al sistema financiero de ser utilizado por el crimen organizado mediante mecanismos de monitoreo y colaboración entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, sin invadir funciones del Ministerio Público.

Finalmente, el legislador Oscar Cantón Zetina defendió la inclusión de medidas para identificar a Personas Políticamente Expuestas, subrayando que se trata de una herramienta clave para prevenir redes de corrupción familiar y clientelar ligadas al crimen organizado.