Senado acota la reserva de identidad de jueces en reforma judicial impulsada por Sheinbaum

Durante el análisis en el Senado de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de impartición de justicia, se realizaron ajustes al apartado relacionado con la llamada figura de los “jueces sin rostro”, con el objetivo de precisar que la reserva de identidad de los juzgadores que atiendan casos de delincuencia organizada será una medida excepcional, temporal y sujeta a mecanismos de control, limitada únicamente al tiempo indispensable.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, explicó que estas modificaciones buscan evitar contradicciones con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aclaró que el término “jueces sin rostro” se ha usado de manera coloquial, pero que la propuesta del Ejecutivo federal no contempla dicha figura en sentido estricto.

Señaló que, de acuerdo con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ocultar completamente la identidad de un juzgador vulnera principios fundamentales como la transparencia y el derecho al debido proceso. Por ello, la reforma parte del principio de que las partes deben conocer quién las juzga, aunque se plantea la posibilidad de resguardar la identidad del juez cuando existan riesgos para su seguridad, previa solicitud y autorización del Órgano de Administración Judicial.

Inzunza reconoció que este punto ha sido uno de los más polémicos dentro de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que implica una tensión directa con el derecho del imputado a un juicio justo. En ese sentido, destacó que se delimitó la reserva de identidad a escenarios verdaderamente extraordinarios y bajo supervisión.

El legislador de Morena subrayó que el dictamen establece de manera expresa que esta protección será temporal y controlada, con el fin de que no se prolongue más allá de lo estrictamente necesario.

Además, informó que se realizaron ajustes adicionales relacionados con el uso de lenguaje incluyente y mejoras en la técnica legislativa, dado que en materia penal rige el principio de aplicación estricta de la ley.

La reforma también contempla la reducción de plazos procesales, la incorporación de nuevos supuestos de detención en flagrancia y, en circunstancias excepcionales, la facultad del Ministerio Público para iniciar investigaciones sin orden judicial previa, aspectos que se mantuvieron sin cambios.

Finalmente, Inzunza, ex presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, indicó que aunque el dictamen quedó listo al cierre del periodo ordinario de sesiones de diciembre, se optó por aplazar su discusión para profundizar en su análisis, aunque anticipó que será aprobado cuando el Congreso retome actividades.