Profepa sanciona con más de 83 millones de pesos a Zinc Nacional por daños ambientales en Nuevo León

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó una sanción superior a los 83 millones de pesos a la empresa Zinc Nacional, dedicada a la producción de óxido y sulfato de zinc mediante el reciclaje de residuos industriales en Nuevo León, además de ordenar acciones de reparación, restauración y compensación por las afectaciones causadas al medio ambiente.

La autoridad ambiental informó que, a partir de denuncias ciudadanas, a inicios de 2025 se iniciaron inspecciones en las instalaciones de la empresa. Durante estas revisiones se identificaron diversos impactos ecológicos, entre ellos el almacenamiento a cielo abierto de miles de toneladas de materia prima y la contaminación del suelo con metales pesados.

Profepa detalló que el 10 de diciembre se firmó un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva con la empresa, mediante el cual se comprometió a ejecutar acciones de reparación y medidas correctivas, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Posteriormente, el 17 de diciembre, la dependencia impuso una multa de 83.2 millones de pesos por múltiples incumplimientos a la normativa ambiental vigente y ratificó 24 medidas correctivas orientadas a atender de manera integral los daños detectados.

En un comunicado, la dependencia explicó que las acciones ordenadas buscan garantizar la remediación total de las afectaciones, incluyendo la atención a la contaminación histórica del sitio, tanto atribuible a Zinc Nacional como a empresas que operaron previamente en el predio. Entre las obligaciones destaca la elaboración, presentación y ejecución de un Programa de Remediación, sujeto a la aprobación de la autoridad ambiental.

Asimismo, el convenio contempla la reubicación de procesos como la recepción de polvos, peletizado, Proceso Waelz y calcinación en una nueva planta fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey, lo cual estará condicionado a la obtención de permisos ambientales y a la realización de estudios de factibilidad.

Otras medidas incluyen la destinación de 5.38 hectáreas del predio para actividades de reforestación, conservación de flora y fauna y reintroducción de especies nativas, así como la creación voluntaria de un área de conservación de cuatro hectáreas que deberá registrarse ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La empresa también deberá desarrollar una guía de monitoreo continuo para prevenir la reincidencia de daños ambientales, un mecanismo que, de acuerdo con Profepa, se incorpora por primera vez y sienta un precedente en la vigilancia ambiental. Este instrumento estará disponible para consulta y supervisión de la propia procuraduría.

Como resultado adicional de este caso, se anunció la creación de una Red de Monitoreo Atmosférico no convencional para la industria, la primera de su tipo en América Latina. Este sistema permitirá medir la calidad del aire en zonas con alta actividad industrial, complementando las redes oficiales existentes.

La procuradora Mariana Boy Tamborrell señaló que este proceso marca un antes y un después en la forma de supervisar el cumplimiento ambiental de las industrias. Subrayó que el objetivo principal es prevenir los daños al entorno, pero cuando estos ocurren, se busca su reparación integral, evitar su repetición y atender las causas que los originan, con un acompañamiento permanente por parte de la autoridad.