Organización Somos México impulsa nulidad de primera elección judicial en el país ante el TEPJF
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La agrupación Somos México, también conocida como Marea Rosa, presentó un amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con la intención de solicitar la nulidad de la histórica primera elección judicial celebrada el pasado 2 de junio.
Este documento, entregado como apoyo jurídico, no constituye una impugnación formal, sino que ofrece evidencia y argumentos ciudadanos para que el Tribunal analice la validez del proceso electoral.
Rodrigo Morales, exconsejero electoral y coordinador de las “Brigadas Antimapache”, explicó que el amicus expone “pruebas, argumentos y perspectivas para que el Tribunal decida si procede anular la elección”.
Entre las irregularidades señaladas por la organización se encuentran la distribución masiva de papeletas con candidatos favorecidos al partido Morena, conocidos como “acordeones”, el traslado irregular de paquetes electorales, ausencia de representantes en casillas y casos de relleno de urnas en los centros de acopio.
Rosario Guerra, miembro del colectivo, afirmó que “la elección judicial no fue libre, ni democrática, ni legítima”.
Destacó que el diseño del proceso tuvo fallas estructurales que impidieron condiciones de equidad y legalidad, resultando en lo que califican como una “elección de Estado”.
El documento también denuncia la impresión de boletas con candidaturas retiradas, la exclusión de personas en prisión preventiva, con discapacidad o residentes en el extranjero, y la renuncia del Comité Técnico de Evaluación, lo que habría causado desorganización en el proceso.
Mariana Vega, coordinadora de la brigada, afirmó que “en todos los estados se distribuyeron acordeones y quienes aparecían en esas papeletas resultaron ganadores”.
Además, cuestionaron la falta de fiscalización del INE respecto al financiamiento de la propaganda.
Somos México calificó la reforma judicial como “viciada desde su origen”, señalando que fue impulsada por una mayoría legislativa obtenida mediante transfuguismo y sin mecanismos de consulta pública.
Finalmente, solicitaron que al resolver, el Tribunal Electoral emita un pronunciamiento contundente sobre la vigencia del Estado de Derecho en México.
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