Organización pide a la Corte Penal Internacional investigar a Biden y funcionarios de EE.UU. UU. por complicidad en crímenes de guerra en Gaza

Una influyente organización con sede en Estados Unidos ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar un proceso judicial contra el ex presidente Joe Biden y otros dos altos funcionarios de su administración, Antony Blinken y Lloyd Austin, por su presunta complicidad en los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza. La petición fue presentada por la agrupación Democracia en el Mundo Árabe (DAWN), que argumenta que los tres políticos estadounidenses contribuyeron intencionalmente a los delitos cometidos.

En un documento de 172 páginas enviado al fiscal de la CPI, Karim Khan, DAWN exige una investigación y juicio bajo el Artículo 25(3) del Estatuto de Roma, que aborda la complicidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. La organización sostiene que, a pesar de estar al tanto de los ataques a civiles, incluyendo hospitales, escuelas y viviendas, los funcionarios estadounidenses continuarán brindando apoyo militar y diplomático a Israel.

Reed Brody, abogado y miembro de la junta directiva de DAWN, subrayó que las bombas que han destruido infraestructuras palestinas son de fabricación estadounidense y que la persecución en Gaza ha sido posible gracias al apoyo de EE.UU. UU. Brody, quien tiene experiencia en casos de crímenes de guerra, recordó que su trabajo previo en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet sentó un precedente en el derecho internacional.

Aunque ni Estados Unidos ni Israel reconocen la competencia del CPI, el tribunal sí tiene autoridad sobre Palestina, lo que le permite juzgar crímenes cometidos en ese territorio. DAWN citó precedentes, como el caso del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, condenado por crímenes de guerra en Sierra Leona, como un ejemplo de cómo el CPI puede procesar a los responsables.

La solicitud presentada también menciona que los funcionarios estadounidenses involucrados facilitaron los crímenes a través del envío de armas, inteligencia y protección diplomática, con un valor estimado de al menos 17.9 mil millones de dólares. Sarah Lee Whitson, directora ejecutiva de DAWN, enfatizó que el suministro de armas y la protección diplomática son acciones específicas que contribuyen al crimen, como lo establece el Estatuto de Roma.

DAWN argumentó que el IPC es la única vía viable para procesar a Biden, Blinken y Austin por estos crímenes, ya que no existe posibilidad de que enfrenten cargos en Estados Unidos. La organización presentó su solicitud antes de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para sancionar a quienes apoyan las acusaciones del IPC contra funcionarios estadounidenses.

La petición también subraya que, aunque Trump podría haber sido responsable de crímenes más graves, eso no exime a Biden de rendir cuentas por sus acciones durante su mandato.