Investigan en Argentina la muerte de 87 personas por posible fentanilo contaminado

Al menos 87 personas han fallecido en Argentina presuntamente a causa de fentanilo medicinal contaminado con bacterias, de acuerdo con información proporcionada por el juez que lleva la causa, Ernesto Kreplak.

La investigación busca determinar si las muertes están vinculadas al consumo de dosis del opioide que habrían estado infectadas con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias capaces de provocar infecciones graves y potencialmente mortales.

El caso se originó tras una denuncia presentada en mayo por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), luego de que un hospital detectara la presencia de microorganismos en el fármaco administrado a pacientes.

Las defunciones se registraron en hospitales de la provincia y ciudad de Buenos Aires, así como en Santa Fe, Formosa y Córdoba. Según la investigación, al menos cinco lotes contaminados habrían sido distribuidos en ocho centros de salud, aunque se revisan expedientes médicos de alrededor de 200 hospitales para confirmar más posibles casos.

Hasta ahora no hay personas detenidas, pero 24 individuos se encuentran bajo investigación y sus bienes han sido embargados. Entre ellos figura Ariel Furfaro García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalado como presunto responsable de la producción y comercialización del medicamento contaminado. Furfaro, en declaraciones a medios locales, negó las acusaciones y responsabilizó a un exsocio de difundir la versión en la prensa.

El Hospital Italiano de La Plata, donde comenzó la investigación, fue escenario de una protesta de familiares de víctimas que exigieron justicia. Entre ellos estaba Alejandro Ayala, hermano de Leonel, fallecido a los 32 años, quien aseguró que “el fentanilo le provocó la muerte en cuestión de días”.

Expertos consultados advierten que la cifra de muertes podría aumentar conforme se analicen nuevas historias clínicas. En paralelo, el Congreso argentino solicitó al Poder Ejecutivo un informe con 26 preguntas sobre el caso, sin un plazo definido para su respuesta.