Hidalgo refuerza el acceso a la justicia para personas con discapacidad

El Gobierno del Estado de Hidalgo impulsa nuevas estrategias para garantizar el acceso equitativo a la justicia de las personas con discapacidad, en coordinación con el Poder Judicial y diversas dependencias estatales, como parte de su compromiso con una sociedad más justa e incluyente.

El secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, instruyó fortalecer las acciones en esta materia, labor que encabeza Alfonso Hayyim Flores Barrera, titular de la Dirección General de Inclusión para Personas con Discapacidad.

El funcionario explicó que el objetivo es derribar las barreras históricas que han limitado el ejercicio pleno de los derechos de este sector. “Para cualquier ciudadano acercarse a un tribunal puede ser complicado, pero para una persona con discapacidad las dificultades suelen duplicarse”, comentó.

Gracias a una estrategia integral y sostenida, Hidalgo se ha posicionado como una de las entidades con mayores avances en materia de inclusión, impulsada por la visión del gobernador Julio Menchaca Salazar.

Las políticas implementadas abarcan temas como la accesibilidad en el transporte público, la participación política de las personas con discapacidad y la creación del Sistema Estatal de Integración Social, que busca garantizar condiciones de igualdad y participación activa en la vida pública.

Flores Barrera destacó que estas acciones se ejecutan de manera planificada y continua, con resultados tangibles y una visión de largo plazo. Subrayó también la relevancia de que las decisiones que afectan a las personas con discapacidad sean tomadas con su participación directa, bajo el principio del activista Gilberto Rincón Gallardo: “Nada de nosotros sin nosotros”.

El funcionario reiteró que toda medida o reforma en favor de este sector debe responder verdaderamente a sus necesidades y promover su autonomía.

Con estas acciones, el Gobierno de Hidalgo reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la justicia social, fortaleciendo los mecanismos que garantizan la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.