Gobernación pide a estados evitar criminalizar protestas del 8M y priorizar el diálogo

La Secretaría de Gobernación exhortó a los gobiernos estatales a no criminalizar las movilizaciones previstas para el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y a privilegiar el diálogo como principal mecanismo para atender las manifestaciones.

A través de un comunicado, la dependencia federal hizo un llamado a las autoridades locales para que sus actuaciones se realicen bajo los protocolos institucionales correspondientes y con pleno respeto a los derechos humanos.

La institución subrayó que el Gobierno de México reconoce la protesta social como una expresión legítima dentro de la vida democrática del país, así como una herramienta fundamental para visibilizar distintas demandas y causas sociales. En ese sentido, destacó que es responsabilidad del Estado garantizar que las personas puedan manifestarse de manera segura y sin ser criminalizadas.

Asimismo, señaló que el diálogo será un elemento clave para asegurar que la jornada del 8 de marzo se desarrolle de forma libre y pacífica, reiterando el compromiso del gobierno con la libertad de expresión y el respeto al derecho de la ciudadanía a movilizarse.

La dependencia recordó que, durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comenzaron a sistematizarse experiencias para la atención de protestas sociales mediante diversos protocolos, los cuales posteriormente se fortalecieron a nivel federal.

Como resultado, se elaboró el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica, instrumento que busca orientar a las autoridades estatales en la atención de movilizaciones sociales. Entre sus principales acciones se encuentran la atención directa a las demandas de los grupos manifestantes, el establecimiento de mecanismos de diálogo para reducir tensiones, la habilitación de rutas de evacuación y la designación de enlaces específicos para la atención a periodistas.

El documento también plantea que cada entidad federativa puede adaptar estas medidas a sus condiciones locales, con el objetivo de actuar bajo una perspectiva humanista y evitar confrontaciones durante las protestas.

Además, la Secretaría difundió un decálogo que establece principios como el respeto a la libertad de expresión y reunión, la no criminalización de la protesta social, la protección de la integridad de manifestantes y terceros, así como el respeto a la labor de periodistas y comunicadores durante las movilizaciones.

El documento enfatiza que las autoridades deben priorizar siempre la prevención y el diálogo para evitar confrontaciones, especialmente en movilizaciones relacionadas con los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.