Exigen renuncia del gobernador de Río tras la redada más sangrienta en la historia de la ciudad

Cientos de personas marcharon este viernes en las calles de Vila Cruzeiro, una de las comunidades más afectadas por la redada policial más letal registrada en Río de Janeiro, que dejó más de un centenar de fallecidos, para exigir la dimisión del gobernador estatal, Cláudio Castro, y denunciar lo que califican como una “masacre” contra los habitantes de las favelas.

Entre los manifestantes se encontraban familiares de víctimas, activistas, líderes comunitarios y vecinos de distintos barrios, quienes portaban pancartas con frases como “Basta de masacres” y “Dejen de matarnos”. Muchos vestían de blanco en señal de paz, mientras otros lucían camisetas con huellas rojas que simbolizaban la sangre derramada durante la operación.

El operativo, realizado el martes pasado, dejó al menos 121 muertos —entre ellos cuatro agentes—, de acuerdo con cifras oficiales de la policía, aunque la Defensoría Pública del Estado reporta 132 fallecidos. Los cuerpos fueron hallados por los propios residentes en un área verde cercana, quienes los trasladaron hasta las calles principales de la comunidad.

El gobernador Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió la acción policial asegurando que Río “está en guerra contra el narcoterrorismo”, en alusión al grupo Comando Vermelho (Comando Rojo), al que las autoridades responsabilizan del control delictivo en varias zonas de la ciudad. El operativo movilizó a 2,500 efectivos entre policías y militares con el objetivo de capturar a los líderes del grupo y frenar su expansión.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas y diversas autoridades judiciales condenaron el alto número de víctimas y exigieron explicaciones al gobierno estatal. El Supremo Tribunal Federal (STF) convocó a Castro y a los mandos policiales a una audiencia el 3 de noviembre para rendir cuentas sobre los hechos.

Aunque algunas voces conservadoras defendieron la redada como una acción necesaria contra el crimen organizado, otros cuestionaron su eficacia, señalando que la mayoría de los muertos eran presuntos delincuentes de bajo rango, fácilmente reemplazables por las facciones criminales.

El gobierno de Río aseguró que 42 de los 99 sospechosos identificados tenían órdenes de arresto vigentes y que 78 contaban con antecedentes penales, aunque el diario O Globo reveló que ninguno fue formalmente acusado por la fiscalía antes de la operación.

Mientras tanto, la favela de Vila Cruzeiro intenta volver a la normalidad. Aunque algunas tiendas han reabierto, las calles todavía muestran los rastros del enfrentamiento: autos calcinados, muros perforados y familias en duelo.