Ex Ahorristas de Banco Famsa Exigen Justicia en Medio de Proceso de Liquidación

Un grupo de 181 inversionistas del extinto Banco Ahorro Famsa ha demandado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) exigiendo una indemnización por 840 millones de pesos, acusando al regulador de no actuar oportunamente y permitir el deterioro del banco, lo que generó grandes pérdidas económicas para ellos. Aparte de este grupo, otros ex clientes de Banco Famsa que tenían depósitos superiores al límite de cobertura del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) continúan luchando por recuperar sus ahorros, muchos de ellos en la incertidumbre tras más de cuatro años de liquidación del banco.

El Caso de los Ahorradores con Grandes Depósitos

El IPAB protegió los depósitos hasta un límite de 400,000 Unidades de Inversión (aproximadamente 2.5 millones de pesos en 2020) cuando comenzó la liquidación de Banco Famsa. Sin embargo, aquellos con ahorros superiores no han sido reembolsados, ya que deben esperar a que finalice el proceso de liquidación, en el cual se venden activos y propiedades de la institución para cubrir deudas. Alrededor de 2,400 personas en esta situación, según testimonios, siguen sin ver avances concretos.

Reclamaciones Pendientes y Larga Espera

Varios afectados han declarado que, aunque no están involucrados en la reciente demanda, siguen recurriendo a distintas instancias para recuperar sus recursos sin resultados favorables. La prolongación del proceso y la falta de respuestas han intensificado la frustración de los ex ahorradores. Según testimonios recopilados, algunas de estas personas han fallecido en el tiempo transcurrido.

CNBV y el Proceso de Intervención Tardía

La CNBV había identificado problemas regulatorios desde 2019, cuando detectó deficiencias de capital y de gestión de riesgos en Banco Famsa. Aunque se implementaron algunas medidas correctivas por parte de los accionistas, no se logró mitigar el deterioro del banco, y en junio de 2020 se revocó finalmente su licencia.

Este caso resalta la necesidad de procesos más ágiles de protección y liquidación bancaria, así como una supervisión preventiva más efectiva para salvar los recursos de los ahorradores en el sistema financiero mexicano.