Estados Unidos instalará muro flotante en el río Bravo mientras Trump enfrenta acusaciones de desacato

El gobierno del expresidente Donald Trump planea la instalación de un muro flotante de boyas a lo largo de 27 kilómetros en el río Bravo, en el sur de Texas, con el objetivo de frenar los cruces irregulares de migrantes. Esta medida se anuncia en un contexto de creciente tensión legal, luego de que un juez federal planteara la posibilidad de que la administración republicana haya incurrido en desacato al desobedecer una orden judicial sobre deportaciones.

De acuerdo con el diario Washington Examiner , las autoridades estadounidenses prevén comenzar con la colocación de las boyas la próxima semana, en uno de los puntos más utilizados para el ingreso no autorizado de personas al país. Funcionarios consultados, bajo condición de anonimato, señalaron que el plan ya estaba en análisis desde el final del primer mandato de Trump, pero no se ejecutó en ese momento.

“El uso de boyas ha demostrado ser altamente eficaz”, sostuvo Tom Homan, exfuncionario de la Casa Blanca y encargado de temas fronterizos, quien elogió la iniciativa impulsada anteriormente por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Mientras tanto, el juez federal James Boasberg determinó que hay indicios suficientes para considerar que la administración Trump violó órdenes judiciales al deportar a migrantes, incluido un vuelo hacia El Salvador, lo que podría derivar en cargos por desacato penal. Boasberg advirtió que el caso podría ser llevado a juicio.

Trump reaccionó criticando duramente la decisión judicial. "Los jueces están completamente descontrolados. ¡Parecen odiarme tanto que todo se vale!", expresó, y adelantó que su equipo legal apelará el fallo.

En paralelo, el gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, rechazó la petición del senador demócrata Chris Van Hollen para permitir el regreso a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, un migrante deportado por error, cuya expulsión había sido revocada por una corte en 2019. Van Hollen denunció que el gobierno salvadoreño, presuntamente presionado por pagos de la administración Trump, se ha negado a liberar a Ábrego García, detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa también impidió al legislador tener contacto con el detenido. Van Hollen pidió a Bukele que actúe con humanidad y libere a un hombre que no enfrenta cargos ni condena.

Tom Homan, por su parte, acusó a los demócratas de politizar el caso y aseguró que Ábrego García representa un riesgo, reiterando señalamientos sobre supuestos vínculos con el grupo delictivo MS-13, sin presentar pruebas. “Nos deshicimos de una amenaza”, concluyó.