División en la Suprema Corte por facultades de fiscalía especializada en Chihuahua

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dividió este martes al analizar la ampliación de atribuciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, a la que una reforma estatal buscó sumar la atención de delitos de violencia familiar.

Durante la discusión también se generó polémica por declaraciones de la ministra María Estela Ríos González, quien al intervenir en el debate mencionó que las personas concebidas mediante fecundación in vitro “podrían estimarse” fuera del concepto tradicional de familia, comentario que provocó reacciones en redes sociales.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 154/2021 contra una reforma aprobada en septiembre de 2021 en Chihuahua, cinco ministros votaron por invalidar que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) atienda también casos de violencia familiar. Sin embargo, la propuesta no prosperó debido a que no alcanzó la mayoría calificada requerida.

El proyecto fue presentado por el ministro Arístides Guerrero García, quien planteó eliminar del nombre de la fiscalía la expresión “y a la familia”, añadida en la reforma, al considerar que ampliaba sus atribuciones de manera que podría diluir su objetivo original de brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencia.

Según explicó, mantener esa frase podría afectar la atención diferenciada a las mujeres, reforzar estereotipos y representar un retroceso frente al principio de progresividad en materia de derechos.

A esta postura se sumó el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien señaló que asignar a la FEM la investigación de delitos de violencia familiar podría distraerla de su misión principal. Durante su intervención recordó el caso de “las muertas de Juárez” y la condena al Estado mexicano emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el conocido Caso Campo Algodonero, relacionado con la desaparición y feminicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez en 2001.

En contraste, una minoría de cuatro ministros votó en contra del proyecto. Entre ellos estuvo la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien sostuvo que la inclusión de la atención a la violencia familiar no debilita a la fiscalía, sino que fortalece su capacidad para atender problemáticas que afectan directamente a las mujeres.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf coincidió en esta postura y argumentó que estas fiscalías responden a compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de protección de los derechos de las mujeres, reforzados por precedentes como el Caso Campo Algodonero.

Por su parte, Ríos González señaló que la violencia contra las mujeres se presenta con frecuencia dentro del ámbito familiar, por lo que consideró que abordar estos delitos no implica reforzar estereotipos.

En otro punto de la resolución, el pleno de la Suprema Corte aprobó por unanimidad que la fiscalía especializada de Chihuahua mantenga la facultad de coordinar, supervisar y vigilar el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en la entidad.