Denuncian que ICE autorizó allanamientos sin orden judicial para ejecutar deportaciones

Una denuncia revelada por un informante del gobierno de Estados Unidos sostiene que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permitió a sus agentes ingresar por la fuerza a viviendas sin una orden judicial, en casos de personas con órdenes finales de deportación, lo que representa un cambio significativo respecto a los lineamientos históricos de la agencia, informó la cadena CBS News.

De acuerdo con la acusación, un memorando interno fechado en mayo de 2025 y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, autoriza a los agentes a utilizar órdenes administrativas de inmigración —emitidas por autoridades migratorias y no por jueces— para entrar a domicilios particulares y realizar detenciones.

Durante años, ICE había sostenido que este tipo de órdenes no otorgaban facultades suficientes para efectuar allanamientos, en apego a las garantías constitucionales que protegen a las personas contra registros sin autorización judicial. No obstante, la nueva directiva argumenta que, tras una revisión jurídica interna, el Departamento de Seguridad Nacional determinó que ni la Constitución ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad prohíben expresamente el uso de órdenes administrativas con ese propósito.

El documento también establece que los agentes pueden emplear “fuerza razonable y necesaria” para acceder a un inmueble cuando se les niegue la entrada, siempre que se identifiquen previamente y que las acciones se realicen en un horario comprendido entre las seis de la mañana y las diez de la noche.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la medida al señalar que las personas sujetas a estas intervenciones ya agotaron el debido proceso legal y cuentan con una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional y organizaciones defensoras de derechos civiles anticiparon que la disposición será objeto de impugnaciones legales, al considerar que podría vulnerar la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual limita los registros y aseguramientos sin orden judicial.

Según la denuncia, el memorando no fue difundido de forma generalizada dentro de ICE, aunque sí habría sido utilizado para la capacitación de agentes. La organización Whistleblower Aid, que representa a los denunciantes, calificó la medida como una “violación constitucional evidente”, en un contexto en el que ya se han reportado allanamientos sin orden, incluso en domicilios de ciudadanos estadounidenses.