Claudia Sheinbaum Impugna Acuerdo del INE Considerándolo Arbitrario y Censura Previa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una impugnación contra un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), calificándolo como un "acto arbitrario" que vulnera el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Sheinbaum sostiene que dicha medida equivale a una forma de censura previa.

El pasado sábado, el INE aprobó un conjunto de criterios para garantizar la imparcialidad y la equidad durante la campaña electoral y la veda de la elección judicial del 1 de junio. Esta medida prohíbe a las autoridades gubernamentales promover la participación ciudadana en estos cómics, un aspecto que, según la mandataria, infringe la Constitución.

A través de un recurso presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Sheinbaum enumeró seis argumentos en los cuales considera que el INE ha hecho una "interpretación incorrecta" del artículo 501 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su impugnación, la presidenta señala que la promoción de la participación ciudadana no es exclusiva del INE, sino también una responsabilidad de los órganos del Estado.

La mandataria argumenta que el INE invadió las facultades del Poder Ejecutivo al regular aspectos relacionados con la política de comunicación social y al limitar el fomento a la cultura cívica. Asimismo, cuestiona la falta de justificación lógica por parte del INE sobre cómo la difusión de ciertos mensajes podría afectar los principios de imparcialidad en la contienda.

El documento de impugnación también recalca que el acuerdo emitido por el INE es arbitrario y contraviene principios clave como la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica. Además, Sheinbaum subraya que el INE ha excedido sus facultades reglamentarias, ya que, aunque tiene la facultad de regular ciertos aspectos, esta no es absoluta y no puede prevalecer sobre la Constitución.

Finalmente, la presidenta argumenta que el acuerdo vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y recalca que, al comenzar ya el proceso electoral, la medida impuesta carece de una sanción legal adecuada, lo que podría generar confusión y contravenciones a las leyes.